Porque las mujeres suponen el 50.6% de la población de la región, unos 315 millones de personas, y pese a que se han logrado grandes avances en la igualdad formal entre mujeres y hombres, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para lograr llevar la igualdad a la práctica.
Los sistemas de seguridad social no son neutros respecto al género, sino que más bien ocurre lo contrario, dado que están ligados al mercado del trabajo, reproducen las desigualdades que se hayan presentado en el ámbito laboral.
El mercado de trabajo es uno de los ámbitos donde más claramente vemos los obstáculos a los que se enfrentan aún las mujeres, con inferiores tasas de participación en la fuerza laboral y mayores tasas de desempleo, más peso en la economía informal y una mayor inestabilidad laboral. Asimismo, se enfrentan a una importante brecha salarial y a las interrupciones de su carrera profesional debidas al cuidado de menores o de los mayores en situación de dependencia.
Estas realidades del mercado laboral tienen un impacto en los sistemas de pensiones, ya que se traducen en una menor densidad de las cotizaciones de las mujeres y, como consecuencia, en un menor acceso al derecho a una pensión contributiva y en una menor cuantía de las pensiones percibidas. De esta forma, las mujeres son las principales perceptoras de pensiones no contributivas y de pensiones derivadas de los derechos adquiridos por su cónyuge o pareja, cuya cuantía por lo general cubre solo las necesidades básicas.
Pero los propios sistemas de pensiones –creados en torno a un modelo de sociedad tradicional- también esconden elementos propios que generan inequidad.
Esta situación se extiende también a otros componentes; así, encontramos que las mujeres por su menor autonomía económica, tienen un menor acceso a los servicios de salud y tratamientos, a lo que se suman los problemas derivados de la maternidad, la violencia de género y los abusos, el impacto en la salud de las dobles jornadas de trabajo y las consecuencias de no incluir la perspectiva de género en la atención sanitaria.
Asimismo, tienen impacto en el eje de protección social que constituyen los servicios sociales. Pese a los avances en la creación de servicios específicamente dirigidos a mujeres –programas para víctimas de violencia, programas para familias monoparentales, etc.- también es necesario aplicar una perspectiva transversal de género a todos los restantes servicios para evitar que los servicios sociales contribuyan a perpetuar los roles estereotipados de género y, en segundo lugar, para que las situaciones de múltiple discriminación que a menudo sufren las mujeres en riesgo de exclusión social sea tenida en consideración en nuestros sistemas, diseñándolos desde una visión integral.
Ante esta realidad, y siguiendo su mandato de promover la protección social, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha puesto en funcionamiento un nuevo “Programa para la equidad de género en los sistemas de seguridad social”.
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