El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, una llamada de atención hacia esta lacra que afecta al 51% de la población iberoamericana, el colectivo discriminado más numeroso.
La violencia es una de las manifestaciones de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, por lo que adopta muchas formas, siendo el feminicidio la más grave y visible con un escalofriante promedio de 12 mujeres asesinadas en la región cada día por el hecho de ser mujeres.
Pero existen muy diversas formas de violencia, todas ellas sustentadas en la cultura generalizada que discrimina a las mujeres. Los malos tratos físicos y psicológicos -los insultos, las amenazas, el control de sus relaciones con otras personas y de su vestimenta, el chantaje emocional, etc.- así como las violaciones, el abuso sexual, el acoso en los espacios públicos y en entornos laborales, entre otros, son realidades que subyacen a los feminicidios y que lamentablemente son cotidianas en la región.
Esta violencia no solo afecta a las mujeres, sino que tiene un impacto en su entorno -hijos/as, familiares, ámbito laboral, etc.- y afecta a toda la sociedad, llegando a estimarse su impacto sobre el PIB entre el 1% y el 3.7%, según el país.
Para la conmemoración de 2017, Naciones Unidas mantiene su campaña “Pinta el mundo de naranja” y ha adoptado el lema “Que nadie se quede atrás: Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas” para hacernos conscientes de la responsabilidad que compartimos en la eliminación de esta lacra. Las instituciones de protección social también tienen un importante papel en este reto que no podemos olvidar.
Por un lado, la red de servicios sociales puede ofrecer apoyo a las mujeres que sufren violencia -ayuda monetaria, alojamiento, alimentación, etc.- para que cuenten con los recursos mínimos para subsistir si abandonan una relación de maltrato, así como asesoría legal, laboral, psicológica, etc. Las prestaciones de seguridad social también pueden ser un importante instrumento de apoyo a las mujeres ofreciéndoles, por ejemplo, la posibilidad de suspender su contrato de trabajo en caso de sufrir una situación de violencia de género -en una situación similar al alta y manteniendo sus cotizaciones-, ampliando las pensiones por orfandad para hijas/os de víctimas de violencia de género o eliminando la posibilidad de que los hombres femicidas condenados tengan acceso a pensión de viudedad, entre otras posibles medidas.
Como nos recuerda Naciones Unidas, solo lograremos acabar con la violencia hacia mujeres y niñas si logramos la implicación de todos los sectores de nuestra sociedad y las instituciones de protección social -destinadas al bienestar de la ciudadanía- no pueden olvidar la inadmisible realidad que sufren las mujeres y que nos afecta a todos y todas.
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