Proyecto de Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

Publicado por: Secretaría General OISS
D. Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, define las líneas generales del Proyecto de Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, cuyo texto se somete a la consideración de la XVII Cumbre Iberoamericana.

El proyecto de Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social cuyo texto se somete a la consideración de la Cumbre de Santiago ha despertado importantes expectativas, tanto en las distintas instancias de los diferentes países, como en los propios ciudadanos que, en definitiva, serán sus beneficiarios últimos. La importancia de tener plenamente protegidos los derechos sociales en el espacio Iberoamericano, referidos en principio a los sistemas de pensiones, refuerza el sentido de pertenencia como ciudadano de esta Comunidad, que vela por el mantenimiento de sus derechos en este ámbito de la Seguridad Social.

En el ámbito Iberoamericano los movimientos migratorios son una importante realidad en el momento actual que sin duda tenderá a incrementarse en el futuro, puesto que las bases históricas, culturales e idiomáticas comunes o muy semejantes, facilitan esta movilidad. Es una tendencia que se inscribe en un contexto mundial en el que la cuestión de las migraciones ha pasado a situarse en un lugar preferente en la agenda de los países y en el ámbito internacional, con iniciativas como el encuentro sobre “Migración y Desarrollo” que tuvo lugar en Madrid en julio del pasado año organizado por la SEGIB a instancias de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno o el hecho de que la XVI Cumbre tuviera como eje central la temática sobre “Migración y Desarrollo Compartido”.

Desde la vertiente de los derechos sociales los movimientos migratorios pueden incrementar el riesgo social de los ciudadanos, puesto que el trabajo fuera del propio país al que se pertenece dificulta, en muchos casos, el mantenimiento de esos derechos. La diversidad de modelos y la descoordinación entre los sistemas nacionales que impide computar los periodos cotizados en un sistema distinto a aquel en que se produce la contingencia, así como la exigencia de aportaciones y contribuciones por un periodo mínimo para generar derechos contributivos (periodo de carencia) provocan que, en muchas ocasiones, no pueda perfeccionarse el ejercicio del derecho a una prestación, lo cual hace más vulnerable a la sociedad frente a las contingencias sociales, perjudicando gravemente la cohesión social.

Frente a estas situaciones, en el ámbito internacional, los instrumentos que suelen aplicarse para evitar la desprotección de los trabajadores migrantes y de sus familias son los convenios bilaterales y multilaterales. En Iberoámérica, además de los convenios de MERCOSUR y CAN, el número de instrumentos bilaterales existentes apenas alcanza un veinte por ciento de los que se estiman necesarios para cubrir la totalidad de la región, sin perjuicio de que la falta de homogeneidad en la cobertura hace más difícil su aplicabilidad desde una visión de conjunto.

Esta constatación de la necesidad de instrumentos que den respuesta a la protección social de millones de personas, es el hecho que se sitúa en el fundamento de la decisión adoptada y ratificada en las reuniones de las Conferencias de Ministros y las Cumbres Iberoamericanas, que quedó plasmada, en forma muy precisa, en la V Conferencia Iberoamericana de Ministros/Máximos Responsables de la Seguridad Social, celebrada en Segovia (España) en septiembre de 2005, en donde los representantes de los 21 países asistentes acordaron por unanimidad “iniciar el proceso de elaboración de un Convenio Multilateral de Seguridad Social de la Comunidad Iberoamericana”, “que en el menor plazo de tiempo posible, permita contar con un instrumento único de coordinación de las legislaciones nacionales en materia de pensiones que, con plena seguridad jurídica, garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos”. Iniciativa que fue acogida y refrendada por la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en octubre del mismo año y ratificada en el denominado “Compromiso de Montevideo” suscrito por los máximos mandatarios iberoamericanos en la XVI Cumbre, de Uruguay, en noviembre de 2006, en el apartado 25.k), cuando, entre tales compromisos, se incluyó el de: “Adoptar las medidas necesarias para la pronta y adecuada puesta en vigor del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y fomentar acuerdo en esta materia, con el objetivo de que los migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores.”

Tal es el origen y la base del proyecto de elaboración de un Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que constituye un punto esencial de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Santiago los días 8 a 10 de noviembre y que, en esta ocasión, tiene como tema central “Cohesión Social y Políticas Sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamerica” .

Una iniciativa en cuyo desarrollo la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) han puesto todo su empeño, dando cumplimiento a la solicitud de apoyo formulada por la Conferencia de Segovia y con la eficaz colaboración, que quiero desde aquí agradecer y destacar, de cuantos han intervenido en las Reuniones Técnicas celebradas a lo largo de este proceso, en Montevideo en octubre de 2006, en Santiago en abril de 2007 y en Sao Paulo el pasado mes de junio, y en la VI Conferencia de Ministros celebrada en Iquique, en Julio de 2007, sin cuyas aportaciones y sugerencias, unidas a las realizadas por escrito a los distintos borradores manejados y distribuidos, no hubiera sido posible lograr el pleno consenso técnico que hoy nos sitúa en esta fase del proceso.

El texto articulado de Convenio, aprobado por la VI Conferencia de Ministros y que se eleva a la Cumbre, tiene en cuenta los principios básicos que la V Conferencia recogió en su documento final, ratificado por todos los países de la Comunidad Iberoamericana, que se reunieron en Segovia: igualdad de trato, determinación de campo de aplicación personal y material, sometimiento a la legislación nacional del país en que se realiza la actividad laboral, garantía de los derechos en curso de adquisición (posibilidad de totalización de periodos y aplicación del principio de “prorrata temporis”), garantía de los derechos adquiridos (exportación de las pensiones contributivas), colaboración administrativa y técnica entre instituciones, vigencia de los convenios bilaterales y multilaterales en vigor en la medida de que sean más favorables, necesidad de elaboración de un Acuerdo Administrativo de Aplicación y posibilidad que por acuerdo de los países pudiera ampliarse el campo material de aplicación en un futuro.

En el momento presente el texto del Convenio se encuentra en la fase de elevación a la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de Santiago, para que, una vez obtenida su aprobación, se inicie el procedimiento de firma y ratificación formal del Convenio, conforme a la legislación interna de cada país y previos los trámites necesarios que aquéllas dispongan; y, por otra parte, abordar la elaboración y negociación del Acuerdo Administrativo de Aplicación del Convenio que, en algunos casos precise y aclare su contenido y, en otros, establezca los procedimientos necesarios para su plena efectividad en un futuro.

En definitiva, nos encontramos ya en la fase decisiva de un ambicioso proyecto que cuando alcance su plena vigencia beneficiará a varios millones de ciudadanos iberoamericanos, facilitará la movilidad de éstos entre los distintos países y contribuirá a mejorar la cohesión y la inclusión social.

D. Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS